Los españoles pagan un sobreprecio del 12% en el carburante por los privilegios de Repsol, Cepsa y BP

Los conductores españoles están pagando un sobreprecio cuando repostan gasolina o diésel debido a las restricciones que imponen varias comunidades autónomas a la competencia para proteger a los grandes distribuidores de carburantes que copan el mercado español: Repsol con una cuota del 35%; Cepsa con un 15% y BP, con un 9%.

Gobiernos regionales y ayuntamientos limitan la entrada en el mercado de las estaciones de servicio automáticas, que permiten un ahorro medio de 13 céntimos por litro, lo que supone un 12% del importe actual de la gasolina sin plomo y el diésel.

Así lo considera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe elaborado para analizar el caso concreto del municipio madrileño de Leganés, pero cuyo ejemplo es extensible al resto del territorio español según denuncia la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae).

“En ausencia de instalaciones independientes más agresivas en precio, la competencia intermarca no resulta tan intensa como la de otros entornos. En consecuencia, las diferencias de precios son significativamente más estrechas que en aquellos mercados locales con una mayor presencia de instalaciones independientes, que pueden llegar a ofrecer rebajas respecto al precio medio de hasta 13 céntimos de euro”, asegura la CNMC.

El presidente de Aesae, Manuel Jiménez, considera que las barreras a la entrada de competencia en el sector de la venta de combustible que ha levantado Leganés para proteger a los grandes distribuidores son tan sólo la punta del iceberg de un problema que se extiende a buena parte de los municipios españoles y que puede obligar a la Comisión Europea a denunciar a España ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), lo que podría provocar sanciones.

“En la asociación recibimos todos los días quejas porque las peticiones de licencias de apertura de estaciones de servicio automáticas se quedan en los cajones y no se tramitan porque existe un poder fáctico que mueve los hilos. En los últimos diez años los ciudadanos de Leganés han pagado 90 millones de euros más de lo que tenían que abonar para adquirir combustible y este municipio es el paradigma del abuso de las gasolineras tradicionales: siete compañías suministradoras llevan una década esperando a que se les conceda la posibilidad de iniciar la actividad”, indica Jiménez en declaraciones a OKDIARIO.

El presidente de Aesae denuncia el “control férreo” que imponen las petroleras Repsol, Cepsa y BP de la distribución de combustible en el territorio español “defendiendo un modelo de negocio basado en el privilegio” de no permitir a otros operadores  desarrollar su actividad a pesar de que su estatus está regulado y obedece a los mismos patrones de servicio y calidad que el que realizan las gasolineras tradicionales.

De hecho, la Comisión Europea ha interpelado a varias comunidades autónomas que han regulado para evitar la implantación de estaciones de servicio desatendidas a pesar de carecer de competencia para ello, tal como señaló el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en una sentencia del pasado febrero en la que tumbó el decreto del gobierno regional que obliga a tener al menos un empleado siempre presente en las estaciones de servicio. Tras el recurso del ejecutivo balear la cuestión ha llegado al Tribunal Supremo que, con su decisión, sentará jurisprudencia y eliminará las dudas sobre la verdadera capacidad que tienen las comunidades autónomas para legislar sobre esta materia.

Las dos Castillas, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía son las regiones en las que sus gobiernos han creado regulaciones ad hoc para evitar que se abran estaciones de servicio automáticas que amenacen el oligopolio de las grandes petroleras. “Cuando se aprueban esta leyes autonómicas no existen informes ni estadísticas ni expertos que motiven la decisión, simplemente se invocan razones que sólo tienen que ver con intereses creados para que existan barreras a la entrada de competidores”, considera Jiménez.

Respecto a las críticas que reciben este tipo de gasolineras las dos principales es que no son suficientemente seguras y que no facilitan la dispensación de carburante a las personas con discapacidad. En cuanto a la primera cuestión, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha dejado muy claro en numerosas ocasiones que todas las estaciones de servicio en España son seguras, incluyendo las desatendidas. Y en referencia a la cuestión de la atención a personas con algún tipo de discapacidad, la Aesae muestra en un video cómo pueden obtener su carburante en este tipo de gasolineras sin necesidad de que exista personal presente, simplemente garantizando la accesibilidad.

Según confirman otras fuentes del sector energético español, tanto el Gobierno como la CNMC son conscientes de que se está produciendo un perjuicio para los empresarios de estaciones de servicio desatendidas y para los consumidores que deben pagar el citado sobrecoste por repostar debido a la estrechez de la oferta. El plan de las autoridades españolas es esperar a que la Comisión Europea se pronuncie para, posteriormente, tomar cartas en el asunto, como ha ocurrido en el caso de la reforma liberalizadora de la estiba.